martes, 2 de abril de 2013

Escrache, desahucios y segunda oportunidad


Junto a la lógica y legítima indignación de muchos ciudadanos, existen también conductas  manifiestamente repudiables. Pisotear básicos principios éticos (aunque tal pisoteo aparente ser en aras de una buena causa, y aunque pretenda justificarse en otros pisoteos previos) tan sólo alimenta el deterioro democrático. Esa dinámica instaura la ignominia, sin que ayude a resolver, en modo alguno, los males que han propiciado la aludida indignación.

Los desahucios han concitado buena parte de esa repulsa y ese hartazgo que están presentes en la sociedad. Es de justicia buscar solución a un problema tan grave y doloroso. Es de justicia evitar esa muerte civil y económica a la que se ven abocadas personas y familias con deudas impagables sobrevenidas (deudas que eran afrontadas con normalidad en el momento de contraerlas, y que la crisis y el desempleo las volvió inasumibles).

Además, y por supuesto, de justicia es depurar las responsabilidades de quienes fueron causantes, beneficiarios o cómplices de la gravosa situación que hoy muestra su amarga cara:  partidos que gobernaban y gobiernan, y prefirieron mirar para otro lado; partidos cuya interesada negligencia les hizo poblar de `amiguitos´ las Cajas de Ahorro, con el consiguiente saqueo y desfalco de las mismas; organismos reguladores que estaban a uvas, o a setas… o a Rolex (más bien a Rolex), etc, etc, etc.

Pero para que ese camino sea precisamente de justicia, toca emplear los cauces propios de un Estado de Derecho. Saltarse las reglas del juego no nos va a ayudar a jugar. Bien al contrario. Ese salto de las reglas del juego (ese salto en el vacío) tan sólo acarrearía que la arbitrariedad, el desmán y el abuso fueran quienes jugueteasen con los derechos y libertades que a todos nos corresponden.  

Por todo ello, mi oposición al denominado `escrache´ (cfr. artículo de Rosa Díez del pasado 25-3-2013). Depuremos todas las responsabilidades que quepa depurar en los tribunales, en el Parlamento,  en las urnas... Pero eludamos el `todo vale´ o el `casi todo sirve´, porque desde luego que no serán esos cauces los que ayuden a traer justicia.
 
Coda 1: Para quien desconoce (o simula desconocer), convendrá recordar que en torno a los desahucios y la necesaria `segunda oportunidad´ sí hay políticos que trabajan. Y cabe preguntarse: ¿trabajan ahora porque todo el mundo habla de ello, y existe presión social y mediática al respecto? Pues bien, respondamos: hay políticos que trabajan ahora y trabajaron también antes.
 
Coda 2: Para quien desconoce (o simula desconocer), convendrá ofrecer alguna pincelada de la labor de UPyD en estos frentes. Para no alargarme en exceso, y a modo de ejemplo:
 
(a) Ya la legislatura pasada, en septiembre de 2008, UPyD presentó en el Congreso una iniciativa parlamentaria para acabar con los intereses abusivos de demora. Todos los grupos votaron a favor, pero el Gobierno de Zapatero (como Catalina con el arroz) se desentendió de convertir la iniciativa en una ley que pudiera propiciar resultados. Obsérvese que esa legislatura de 2008 es la primera en que UPyD conseguía representación parlamentaria; y obsérvese que UPyD (con tan sólo un año de existencia y con el único escaño de Rosa Díez) afrontaba un tema sobre el que los partidos mayoritarios no es que hubiesen pasado de puntillas… directamente habían levitado.

(b) Durante la vigente legislatura, en diciembre de 2011, UPyD presentó una proposición de ley para afrontar, con racionalidad y justicia, todo lo relativo a las ejecuciones hipotecarias. El PP de Rajoy votó en contra; y sólo con el paso del tiempo, cuando el clima fue arreciando, es cuando el Gobierno dice estar a la tarea.

(c) Garantizar la `segunda oportunidad´ del deudor sobrevenido es sustancial. Un crédito de responsabilidad ilimitada (como la gran mayoría de los que ofrecían las entidades financieras) conlleva que esa deuda que se volvió impagable podría no dejar de crecer nunca: a pesar de que se hubiera perdido la vivienda, e incluso a pesar de que el deudor tenga embargada su nómina o sus ingresos.

(d) Los instrumentos jurídicos para afrontar esa `segunda oportunidad´ pueden ser varios. UPyD considera que la fórmula `fresh start´ o la reforma de la ley concursal pueden resultar los cauces más sencillos y eficaces. Pero por una u otra vía jurídica, es prioritario no abocar al destierro a esa ciudadanía cuya deuda, de forma sobrevenida, se hubiera vuelto impagable. Es imprescindible afrontar con rigor esa necesidad por razones de justicia hacia esas personas; y también para evitar un mayor hundimiento de la economía, y un mayor descrédito de las propias instituciones democráticas [a este respecto, puede consultarse el siguiente artículo del diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán (18-2-2013); o esta intervención parlamentaria del mismo diputado (30-1-2013)].  

(e) El 26-3-2013, UPyD también presentó sus propuestas para mejorar la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de dación en pago. La treintena de enmiendas pueden aquí consultarse.

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artículo también publicado en Tribuna de Salamanca, 27-3-2013.