Vicente del Bosque ha elegido a
los que entiende que son los mejores futbolistas para competir en la Eurocopa.
Acertará más, acertará menos, pero es un profesional que elige entre
profesionales. ¿Nos quedaríamos
satisfechos con que tal selección la hubieran establecido el PP y el PSOE? ¿Y
nos convencería que en vez de elegir entre futbolistas, ambos partidos hubieran
seleccionado entre expertos futboleros “de reconocida competencia”?
Si acaba llegando un tiempo en el
que la selección de futbol pasa a ser elegida bajo esas premisas, supongo que el
dictamen será recibido con tranquilidad y parsimonia. Presupongo que la
decisión no alarmará mucho, al igual que a
los dos partidos hegemónicos no parece que les incomode sus respectivos tejemanejes
con el Tribunal Constitucional (TC).
El TC es ese Tribunal `Supremísimo´ (tanto como para corregir al
Tribunal Supremo y al propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo).
Así lo hemos comprobado, la semana pasada, cuando el Constitucional decidió
legalizar a Sortu.
Si le echamos un vistazo a la
Constitución del 78, observaremos quiénes
ejercen de `seleccionadores´ a la hora de determinar la composición del TC.
De sus 12 integrantes, surgen “cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de
tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, por idéntica
mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial” (art. 159.1 CE).
Es decir. Sin mucho esfuerzo,
populares y socialistas aglutinan 8 designaciones a través de ambas Cámaras parlamentarias
(a veces tardan en cubrir vacantes, pero el
engranaje PPSOE sabe que, por encima de los intereses partidistas, está el
megainterés del duopolio). Luego hay
otros dos miembros que directamente (para qué sutilezas) llegan de la mano del
Gobierno; y en cuanto a los dos miembros nombrados a propuesta del CGPJ,
recordemos que también en este órgano, el duunvirato mete notable cuchara (cfr.
art. 122.3 CE).
`Detalles´ como los enumerados
(junto a una larga lista) no parecen el mejor indicio de esa separación de
poderes que sigue siendo indispensable para cualquier democracia que se precie.
A su vez, el TC tiene la particularidad
de que sus integrantes no son obligatoriamente jueces. Pueden serlo, pero
no es imprescindible: basta con que sus miembros sean “juristas de reconocida
competencia y más de quince años de ejercicio” (art. 159.2 de la Constitución).
Pues eso. Se ha acabado configurando un Tribunal Constitucional como
unas tortas. Un TC que no ha tenido reparo en echar por tierra al Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo (que ya había advertido que los Estatutos de
un partido no son toda la prueba del algodón); y un TC que tampoco ha tenido
reparo en revocar al Supremo (cuyos miembros sí son jueces de carrera, y cuya
sentencia no había hecho oídos sordos ante esos liberticidas que se proponen
dinamitar la democracia desde dentro de sus instituciones).
El resultado es (o debiera ser)
conocido: ha pasado a ser legal un
partido que se niega a condenar 857 asesinatos y decenas de miles de víctimas.
Ni siquiera se les ha exigido la condena como requisito; les bastó con forjar
unos estatutos a la medida de la simulación y el paripé.
“Como era de esperar –escribía Rosa Díezel pasado día 22- quienes nunca
tuvieron problema alguno para despreciar la vida de sus conciudadanos no han
tenido ninguna dificultad para mentir; y los magistrados del TC han pillado
al vuelo la coartada que necesitaban para permitir que la serpiente pudiera
anidar entre sus víctimas”.
---
artículo también publicado en el blog personal de Tribuna de Salamanca, 27-6-2012.
